Los centros de fusión de inteligencia son estructuras que se encargan de recopilar, analizar y distribuir información de inteligencia para la prevención y combate de amenazas y delitos. Estos centros, operados por agencias estatales y locales en colaboración con el gobierno federal, juegan un papel crucial en la protección de la seguridad nacional y la seguridad pública.
¿Cuántos centros de fusión de inteligencia hay?
En los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha apoyado el desarrollo de una red nacional de 80 centros de fusión. Estos centros operan en colaboración con personal de aplicación de la ley a nivel federal, estatal y local, así como con representantes del sector privado seleccionados. Su objetivo principal es recopilar, analizar y distribuir información de inteligencia para prevenir y combatir amenazas, incluyendo el terrorismo y otros delitos.
Aunque inicialmente los centros de fusión se promovieron como centros de intercambio de información antiterrorista, rápidamente ampliaron sus misiones para abarcar cualquier tipo de delito o peligro. Esto incluye la identificación de amenazas emergentes, la detección de actividades criminales, la evaluación de riesgos y la coordinación de respuestas a incidentes.
El DHS proporciona financiamiento, personal y acceso a inteligencia federal a estos centros, pero no ha logrado garantizar que se utilicen estos recursos de manera adecuada. Como resultado, los centros de fusión han producido análisis defectuosos, abusado de sus autoridades para monitorear a personas involucradas en actividades protegidas por la Primera Enmienda y filtrado información sensible de la aplicación de la ley. Este modelo de inteligencia interna ha socavado la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles de los estadounidenses.
Problemas y críticas a los centros de fusión
Los centros de fusión han sido objeto de críticas y preocupaciones por parte de organizaciones de derechos civiles y privacidad. Se ha señalado que estos centros han dirigido repetidamente sus esfuerzos hacia comunidades minoritarias y movimientos de protesta bajo la apariencia de la lucha contra el terrorismo o la seguridad pública. En sus primeros años, se enfocaron en particular en la vigilancia no justificada de musulmanes estadounidenses. Además, los informes de los centros de fusión han retratado regularmente a activistas de justicia racial y ambiental como amenazas peligrosas.
Estos informes se difunden ampliamente entre la policía local y la aplicación de la ley federal, lo que probablemente contribuye a respuestas excesivas y desproporcionadas a las protestas en los últimos años. La participación de empresas privadas, incluidas algunas que han sido objeto de protestas, en los centros de fusión plantea la posibilidad de que estas operaciones a veces sirvan a intereses privados en lugar de la seguridad pública.
Otro problema importante es la falta de evidencia que demuestre que los centros de fusión han brindado una ayuda significativa a los esfuerzos de contraterrorismo a nivel federal. A pesar de haber ampliado sus misiones más allá del contraterrorismo, no hay pruebas de que hayan contribuido sustancialmente a reducir o resolver delitos graves. Sin embargo, sí facilitan el intercambio de información amplio y no regulado entre diversas entidades públicas y privadas, con poca supervisión o responsabilidad pública. Esto representa un grave riesgo de seguridad, como se demostró cuando hackers violaron la seguridad de un contratista de un centro de fusión en 2020, exponiendo cientos de miles de registros sensibles del FBI, DHS y otras agencias de aplicación de la ley.
Reformas y soluciones propuestas
En vista de los problemas y abusos identificados en los centros de fusión de inteligencia, es necesario tomar medidas para garantizar un uso adecuado de los recursos y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. En primer lugar, se debe garantizar la transparencia en los subsidios del DHS a los centros de fusión y que se utilicen exclusivamente para su propósito antiterrorista previsto.
Además, se deben realizar auditorías regulares de los centros de fusión para asegurar que los datos estén protegidos contra divulgaciones no autorizadas y que los recursos del DHS no se utilicen de manera contraria a los derechos constitucionales. El Congreso debería establecer un inspector general especial para auditar la red nacional de centros de fusión y detectar casos de malversación, fraude, abuso e ilegalidad. A partir de los resultados de estas auditorías, se debe establecer un organismo federal de supervisión permanente e independiente para garantizar que se descubran y resuelvan de manera oportuna futuras violaciones de leyes, regulaciones o políticas.
Estas reformas ayudarán a garantizar que las capacidades y recursos de los centros de fusión no se utilicen de manera abusiva y que se preserven los derechos de libertad de expresión y asociación de los estadounidenses. Es fundamental que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad de salvaguardar los recursos, sistemas y personal que proporciona a estos centros y garantizar que la recopilación, retención y divulgación de información personalmente identificable de personas no razonablemente sospechosas de actividad criminal se realice de manera adecuada y respetando los derechos constitucionales.
Para obtener más información sobre este tema, se puede consultar el informe completo a course correction for homeland security: curbing counterterrorism abuses elaborado por el Brennan Center.
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